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Viridiana Reyes|

Hace unos días, el 11 de junio Estados Unidos anunciaba que extendería embargo pesquero a México por nula protección a vaquita marina. Hoy el embargo es una realidad.

En un mensaje a través de sus redes sociales, José Narró Céspedes Presidente de la Comisión de de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural expresó:

Hoy Estados Unidos acusa e impone sanciones al Gobierno de México y a los pescadores mexicanos por ser los causantes de la extinción de la Vaquita Marina, cuando ellos son los responsables de la destrucción de su hábitat y por lo tanto de su paulatina extinción.

Narro Céspedes dijo que es muy grave el embargo pesquero a nuestro país por parte de Estados Unidos. La responsabilidad de proteger a la Vaquita Marina no es sólo de México, sino de ambos países, remarcó.

Este jueves el titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que en lo que se refiere a la vaquita marina se lucha aún por evitar su extinción.

Pero las organizaciones defensoras del medio ambiente, Centro para la Diversidad Biológica y el Instituto de Bienestar Animal tratan de forzar a la administración de Donald Trump a tomar una decisión sobre su demanda interpuesta desde 2014, para prohibir la compra de todos los pescados y mariscos capturados en México, con base en la llamada Enmienda Pelly.

De esta forma, el actual embargo pesquero contra México que pesa sobre la región del Golfo de California, hábitat de la vaquita marina, se extendería a los 17 estados costeros de la República Mexicana.

Lo anterior tendría impactos económicos demoledores, ya que el 44.2 por ciento de la pesca de exportación de México va para el mercado de Estados Unidos, que es su principal comprador.

DJ Schubert, biólogo de vida silvestre del Instituto de Bienestar Animal subrayó que la demora del Departamento del Interior de Estados Unidos para responder a su petición fue excesiva y permitió que la vaquita se encuentre al borde de la extinción, especie de la que sólo quedan entre 6 y 19 ejemplares.

La llamada Enmienda Pelly a la Ley Moratoria de Protección a la Pesca con Redes de Deriva en Altamar, modificada en 1978, establece que el presidente de Estados Unidos es el encargado de definir las sanciones económicas aplicables a los países que incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; así como pesca incidental de recursos marinos protegidos.

Comunicado del Senado

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